Desde 2018, con el triunfo de AMLO por la presidencia, a lo largo y ancho del país ha habido un efecto dominó, por decirle de alguna forma; es decir, en casi todos los estados y municipios en los que Morena se ha enfrentado a la alianza PRI-PAN-PRD, éste ha ganado. No es el espacio para explicar por qué se perdió en Nuevo León y en Coahuila, o en otras elecciones, pero podemos decir que se cometió el enorme error de poner a candidatos que no tenían la simpatía de las bases del partido ni del pueblo en general.
En los gobiernos estatales y municipales en los que Morena ha ganado, ha enfrentado al saqueo de las arcas, de mobiliario y en algunos casos hasta de instalaciones eléctricas o telefónicas. Por ejemplo, en el municipio mexiquense de Chimalhuacán, Antorcha Campesina (PRI) se llevó hasta los contactos de la luz cuando perdieron las elecciones. Pero no es un caso aislado. Adicionalmente a eso, las administraciones entrantes, aunado al saqueo, se enfrentan a una serie de obstáculos que derivan de las administraciones anteriores, lo que complica llevar adelante su ya de por sí limitado programa, pues las reformas y/o planes, si bien son un aliciente para los habitantes más desprotegidos y olvidados durante años, se mantienen dentro de los límites del capitalismo, impidiendo que los problemas de fondo se solucionen.
El Estado de Campeche fue gobernado por el PRI desde 1931 hasta 2021, cuando perdió la gubernatura frente a Layda Sansores, abanderada de Morena. Para no ahondar en lo mal que encontró al Estado en ese momento, tan sólo diremos que la administración saliente fue la del actual presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas (Alito), todo un personaje del PRI, que ni sus militantes aceptan ya; grupos de ellos se han escindido por los malos manejos frente al CEN, por los fracasos electorales de la alianza y otros muchos escándalos. Por otro lado, la misma Layda ha sacado a la luz audios de Alito sobre corruptelas y negocios sucios, así que no es necesario detallar la situación tan compleja que se vive en Campeche.
Después de 90 años en el gobierno, el PRI tenía el control de todo, nadie se le salía del huacal y los miles de burócratas ya sabían a quién comprar o vender favores y a quién extorsionar; podían presionar a los sindicatos u organizaciones gremiales para obtener algún “favor” a cambio de permisos y concesiones, obviamente, en beneficio de sus líderes o de una capa de la burocracia. Incluso el PRI ganó los “favores” de los jerarcas de la iglesia católica. Ya ni hablar de los vínculos con el crimen organizado que, aunque no se pueden percibir a primera vista, no significa que no existan.
Tomando eso como contexto, la gobernadora, además de enfrentarse al desfalco y triquiñuelas del PRI, también lo ha hecho contra sus esbirros, que se movilizan con todo el cinismo posible ante cualquier propuesta que beneficie a la mayoría de la población y dejando claro que lo único que les importa en su beneficio personal. Por ello es importante recalcar que, aunque Morena gobierne el Estado, el PRI aún conserva cotos de poder y seguramente hay bastantes personas que le deben más de un “favor” a Alito, por lo que echará mano de ellos para bloquear las iniciativas que afecten el poder que durante décadas ostentó y que se niega a perder.
Un ejemplo de lo anterior es la propuesta sobre la nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial, que busca conducir y ejecutar la política en materia de servicio de transporte, ampliando las redes y el servicio de transporte público, promoviendo la competitividad y libre concurrencia, y prevé la entrada de aplicaciones o plataformas tecnológicas; en otras palabras, busca beneficiar a la población de a pie con más y mejores servicios de transporte. Sin embargo, dicha propuesta de ley ha sido atacada por un sector de transportistas y taxistas que, sin decirlo abiertamente, son aliados del PRI.
La cuestión es que los grupos de choque o las organizaciones “independientes” son movilizados para presionar o frenar iniciativas como la de movilidad y seguridad vial. Y para lograr sus objetivos no tienen límites. Hace unos días el compañero Héctor Malavé, diputado local en Campeche, perteneciente a la bancada de Morena, fue agredido frente a la sede legislativa cuando se retiraba del recinto. Aunque no fue el único diputado morenista que fue vilipendiado e insultado, si fue él quien sufrió una agresión mayor. Quienes lo enfrentaron, además de darle empujones, jalarlo y tirarle sus documentos en repetidas ocasiones, no se quedaron en eso y pasaron a la agresión física, aun cuando el compañero en ningún momento respondió a las agresiones.
El compañero Héctor ha sido desde hace muchos años un activista por la causa social en Campeche, un militante de años de Morena y su pensamiento político reivindica el socialismo. Muy probablemente los que lo atacaron sólo buscaban un pretexto para agredirlo. Sin embargo, él mismo ha dicho no temer a futuras agresiones y que no merman ni minan sus posturas en pro de la construcción de una sociedad socialista.
Desde La Izquierda Socialista enviamos nuestro apoyo y solidaridad con el compañero Héctor Malavé yexigimos se proceda contra el autor material, pero sobre todo contra el autor intelectual. Si tocan a uno, nos tocan a todos.
Sabemos también que la movilidad en el transporte público de Campeche está controlada en su totalidad por este tipo de organizaciones gremiales corporativas y que obedecen al mejor postor.
Una mejor movilidad no puede llegar desde las estructuras corporativas que utilizan a los taxistas y operadores de autobuses como fuerzas represivas o grupos de presión a favor de los intereses de los dueños de las unidades (camiones, combis, taxis, etc.) y concesionarios de las rutas. Se debe generar un amplio y profundo cambio en las condiciones de trabajo de todos los operadores, generar más rutas y dar mantenimiento continuo a las unidades y vías terrestres.
La apertura a las aplicaciones generará una competencia donde los beneficiados serán los empresarios de transporte, tanto de un lado como del otro. Y las condiciones de vida de los trabajadores disminuirán, o en el mejor de los casos se mantendrán como están. No es secreto que también hay empresas con flotillas de carros particulares destinadas al trabajo por aplicación y que los conductores también tienen horarios extendidos y ganancias cada vez más raquíticas. En un conflicto de movilidad sólo los empresarios ganan al final. Y se llevarán entre las patas a todos los trabajadores.
Se tiene que disponer de ese «sobrante» del pago de pasajes al que los empresarios le dicen «utilidad» y empezarlo a utilizar para generar más rutas de transporte colectivo con más vehículos, con mejor servicio y aun mejor costo. Y eso sólo será posible con el control de este sector transportista por parte de los trabajadores. Figuras jurídicas hay muchas: expropiación estatal, cooperativa, asociación sin fines de lucro; sin embargo, lo principal es que cada conductor tome consciencia de que no hay vehículo que se mueve un centímetro sin su amable permiso. Este factor no podría vivir por sí solo para siempre, también sería necesario echar mano de muchos más sectores de la industria y que los trabajadores de esos sectores pudieran hacer lo propio. Necesitamos una izquierda que sea capaz de llevar este programa adelante y profundizar en una transformación de la sociedad para ponderar las necesidades de la gente por sobre las ganancias de los empresarios. Necesitamos una izquierda socialista para poder construir el futuro que nos merecemos.