El banquero Lasso, presidente de Ecuador, ha utilizado el procedimiento de «muerte cruzada» para cerrar el Congreso Nacional apenas dos horas antes de que fuera a iniciar la votación de su juicio político por corrupción. Ahora se deben convocar elecciones en un plazo de seis meses para renovar tanto el Ejecutivo (el presidente) como el Legislativo (el congreso), pero en el interín, el presidente sigue en funciones y gobierna por decreto sin control parlamentario. Es por lo tanto un autogolpe.
No por casualidad Lasso ha desplegado a los soldados en los alrededores del Congreso y el Palacio Presidencial, y la cúpula del Ejército, cómplice en la decisión, ha salido a respaldar la muerte cruzada.
Correctamente, la dirección de la CONAIE ha salido a rechazar la medida, que Leonidas Iza ha calificado precisamente de autogolpe, y ha llamado a la vigilancia, asambleas permanentes y la creación de una amplia Asamblea Nacional del Poder Popular y Plurinacional. En las próximas horas se ha convocado a una plenaria nacional de la organización para definir posibles movilizaciones en contra del golpe de mano de Lasso.
Sin embargo, es necesario señalar que el comunicado de la CONAIE hace un llamado a un dictamen de la Corte Constitucional. Debemos advertir que es un grave error tratar de combatir un golpe burgués con apelaciones a la legalidad burguesa. El decreto de Lasso, que por otra parte es técnicamente legal ya que está contemplado en la Constitución, es un golpe porque es una maniobra para evadir el voto democrático de los congresistas cuando sabía que este le sería desfavorable.
Lo más escandaloso es que mientras que el presidente disuelve el congreso, al mismo tiempo se reserva poderes para gobernar por decreto por seis meses en materias económicas urgentes. Ya el consejo de ministros ha anunciado una serie de decretos que quiere aplicar, el primero sería la reforma tributaria y el segundo la reforma laboral, obviamente ambos favorables a los empresarios y contrarios a los intereses de la clase trabajadora.
Como hemos explicado en pasados artículos, el Gobierno Lasso era un gobierno muy débil, que solo logró elegirse en la segunda vuelta debido al voto nulo del partido indigenista Pachakutik. La poca popularidad que pudiera tener el gobierno, la perdió desde el paro nacional de junio de 2022, cuando ha respondido a las demandas de los obreros y campesinos con brutal represión. En las elecciones locales de febrero de este año, su coalición ha sido duramente derrotada; y el referéndum propuesto por el mismo Lasso ha sido todo un fracaso, con la derrota de las ocho preguntas. El nivel de aprobación del presidente está en un mísero 13%, con un 51% que calificación su gestión como mala y un 32% como muy mala.
La situación económica y social no ha hecho más que empeorar. El comunicado de la CONAIE daba los datos sangrantes: el 70% de la población está desempleada, subempleada o en condiciones precarias, más de 6 millones de familias viven en la pobreza o pobreza extrema, más de 200.000 ecuatorianos se han visto obligados a dejar el país en lo que es la segunda crisis migratoria más importante de los últimos 40 años, más de 130.000 jóvenes no han podido entrar en la universidad. A todo esto hay que añadir la crisis de la violencia vinculada a bandas de narcotraficantes que operan con impunidad.
Con miedo a un movimiento de las masas por abajo, incluso los representantes políticos de la clase dominante habían decidido dejar caer a Lasso, en un movimiento por arriba, a través del parlamento, creando así una mayoría a favor del juicio político. El proceso de impeachment ha sido abierto el martes, día 16, y su votación final tenía que realizarse el sábado, día 20.
El decreto de Lasso además demuestra la repugnante hipocresía del imperialismo de EEUU y sus lacayos en la oligarquía capitalista de América Latina. Cuando el presidente peruano Castillo decidió disolver el congreso y convocar elecciones anticipadas, utilizando un procedimiento análogo al de Lasso, inmediatamente la cúpula militar, empresarial y política burguesa le dieron un golpe de estado, pues temían que la decisión de Castillo (que además quería convocar a una Constituyente) pudiera despertar el movimiento de las masas en las calles. En el caso de Perú, Washington se apresuró a reconocer el golpe contra el presidente democráticamente electo, un golpe del que la embajada de EEUU ya estaba informada.
Pero en el caso de Ecuador, cuando el que toma la decisión es un presidente banquero, lacayo del imperialismo, cuya intención no es la de aplicar el mandato popular, sino justamente de evadirlo y gobernar por decreto en beneficio de capitalistas y multinacionales, entonces EEUU se apresura a apoyar el autogolpe de Lasso. En una declaración a las pocas horas del decreto de muerte cruzada, el portavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel, anunció que “nuestra relación bilateral con el Gobierno de Ecuador … permanece fuerte” y añadió que el presidente Biden estaba “al tanto” de la decisión de Lasso. Está claro que Lasso consultó con su amo en la Casa Blanca antes de tomar ninguna decisión. Sin ruborizarse, el portavoz de EEUU ofreció su apoyo a “las instituciones y a los procesos democráticos de Ecuador”, justamente cuando la democracia está siendo violada, y expresó su respeto “a la voluntad del Gobierno y del pueblo ecuatoriano”, siendo que ambas cosas (el gobierno y el pueblo) están en contradicción.
Estamos claramente ante un movimiento de la clase dominante, con el apoyo del imperialismo de EEUU, para mantener en el poder a un banquero que ya no cuenta ni siquiera con apoyo parlamentario, para que pueda aplicar medidas económicas urgentes contra la clase obrera y a favor de la oligarquía. La única respuesta posible por parte de obreros, campesinos y la juventud ecuatoriana es la de salir a las calles a impedir esta maniobra.
La lucha contra el autogolpe de Lasso no debe limitarse a la cuestión democrática, sino que es necesario vincularla a un plan de reivindicaciones que respondan a las necesidades más inmediatas de las masas. Para que el pueblo tenga salud, educación, vivienda y trabajo hay que hacer que la crisis la paguen los capitalistas, empezando por repudiar la onerosa deuda externa y expropiar a la oligarquía.
El problema no es que haya “fracasado el modelo neoliberal”, como afirman tanto Correa como Iza, sino que el neoliberalismo es el reflejo de la crisis del capitalismo en un país dominado por el imperialismo y del intento de la oligarquía capitalista de hacer pagar esa crisis a la mayoría, trabajadores y campesinos. Por lo tanto, lo que hay que derrotar es al capitalismo.
En los últimos 25 años se ha demostrado una y otra vez que el pueblo ecuatoriano, los obreros y campesinos pobres, cuando se pone en movimiento es capaz de defender sus intereses con coraje y derrocar a aquellos que gobiernan contra la mayoría.
Es imperativo sacar las lecciones de los movimientos recientes. En las últimas dos ocasiones, en la insurrección de octubre de 2019 y el paro nacional de junio de 2022, lo que faltó fue que la dirección del movimiento tuviera una perspectiva clara de toma del poder. Las promesas que hizo en ambos casos el gobierno (en 2019 de Moreno, en 2022 de Lasso), para apaciguar el movimiento y sacar a las masas de las calles, nunca se cumplieron. No se trata de cambiar un gobierno por otro, sino de derrocar la oligarquía capitalista y que gobierne la clase trabajadora en beneficio de la mayoría y no de una minoría parasitaria sometida al imperialismo.
Es necesario construir una dirección revolucionaria, basada en las ideas del marxismo, con la perspectiva de la transformación socialista de la sociedad, en Ecuador, en América Latina y en el mundo entero.