Con su triunfo electoral de 2018, el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, junto con el gobierno que encabeza, adquirió el compromiso histórico de revertir la política de corte neoliberal que golpeó sistemática y enérgicamente el nivel de vida de la clase trabajadora durante más de tres décadas y que terminó por arrastrar al más rotundo descrédito a los partidos que hoy se amalgaman en la oposición. Dicha política cultivó una serie de prácticas deshonestas en el seno del Estado en defensa de los privilegios de la clase explotadora y de la misma casta administrativa que la representa. La llamada Cuarta Transformación ha puesto un gran empeño en la lucha contra la corrupción, aunque sin cuestionar las relaciones sociales capitalistas que la engendran en principio. Entre otros frentes abiertos por el combate contra esta inercia heredada del pasado, el de la malversación y desvío de los fondos públicos destinados para la investigación científica y el desarrollo tecnológico se ha puesto recientemente a la orden del día.
El pasado 22 de septiembre, la Fiscalía General de la República (FGR), con Alejandro Gertz Manero a la cabeza, solicitó órdenes de aprehensión bajo cargos de delincuencia organizada en contra de 31 investigadores y funcionarios de la asociación civil Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), organismo autónomo asesor del Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología (Conacyt), que habría servido para el desvío de recursos públicos y usurpado funciones del propio Conacyt. La asociación creada en 2002 es acusada de peculado, uso ilícito de sus funciones y atribuciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en el manejo de 50 millones de pesos anuales otorgados por el Conacyt durante el sexenio pasado.
Las reacciones no se hicieron esperar y, de inmediato, distintos grupos y organismo académicos saltaron en defensa de los 31 miembros del FCCyT acusados por la FGR, incluyendo al Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (SPAUAM), la Academia Mexicana de las Ciencias (AMC), integrantes del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav-IPN), además del propio rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers. Los cargos fueron calificados por este sector de la institucionalidad académica como exagerados y las pesquisas como una persecución política, sin que nadie pueda aclarar el móvil de la misma, salvo por la oposición política reaccionaria y oportunista, que no dejó pasar la ocasión para acusar a AMLO y su gobierno de oscurantista y enemigo de la ciencia, sin mediar mayor análisis o evidencia.
Personajes como el Dr. Antonio Lazcano Araujo, profesor emérito de la Facultad de Ciencias de la UNAM, incluso comparan este episodio con la persecución política estalinista y con la llamada Revolución cultural china, arrojando por la ventana cualquier sentido de la proporción e identificando falazmente el interés del FCCyT con el de la comunidad científica mexicana en general.
En entrevista con la comunicadora Carmen Aristegui, el Dr. Lazcano aseguró que: “AMLO no comprende la ciencia contemporánea” y acusó a la actual titular del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, de haber lanzado una condena anticipada contra los investigadores acusados por la FGR. Sin embargo, las motivaciones políticas y económicas de esta defensa apasionada por parte de los círculos académicos privilegiados son bastante más claras que estos señalamientos reduccionistas, y más aún a la luz de cómo se gestó la propia acusación, en primer lugar.
En julio del presente años, el propio FCCyT había perdido en la última instancia, frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el reclamo que había lanzado contra la actual administración del Conacyt para que la misma continuara erogando en su favor el mismo gasto que se le había destinado en los gobiernos anteriores del panista Felipe Calderón y el priísta Enrique Peña Nieto (en el orden de los 287 millones de pesos). Esto, antes de que la FGR presentara las dos acusaciones previas por daño patrimonial contra los 31 investigadores del FCCyT desechadas por el juez federal Gregorio Salazar Hernández, que se negó a librar las órdenes de captura (el 25 de agosto).
Jesús Ramírez Cuevas, vocero del Gobierno de la República, destacó que, en los 16 años entre la creación del FCCyT y las elecciones federales del 2018, esta asociación civil sólo gastó 100 de los 571 mdp que ha recibido del Conacyt en ciencia y tecnología, destinando el resto únicamente a su propio gasto operativo, claramente oneroso.
Al inicio de su administración, el actual gobierno dio a conocer que hasta 41 mil 624 mdp del presupuesto público eran dirigidos a empresas privadas mediante fideicomisos del rubro de la ciencia y la tecnología, mismos que desapareció para asignar dichos recursos en forma directa; causando la cólera de la oposición, que gustosamente los desvió desde gobierno en su propia oportunidad. Cuando la nueva dirección del Conacyt instó al FCCyT a participar en condiciones de igualdad en las convocatorias del organismo para obtener recursos, éste se amparó frente al poder judicial, acostumbrado a adjudicarse atribuciones públicas por su propio fuero. Pero resultado de las diligencias derivadas de este recurso fallido, se hicieron evidentes para la actual dirección del Conacyt los manejos opacos de esta asociación civil, llevándola a presentar una denuncia frente a la FGR, que derivó en su actual requerimiento de aprehender a los responsables.
El caso de los 31 investigadores del FCCyT no es un caso aislado. Según una auditoría realizada por el Conacyt al Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (Fordecyt), el Instituto de Ecología (Inecol) y otros 11 centros de investigación presentaron facturas sin validez, que incumplen los requisitos fiscales para la comprobación de gastos, hasta por un monto de 48.9 mdp. El Fordecyt era operado durante el ejercicio de dichos recursos por Enrique Cabrera Mendoza, director del Conacyt durante el gobierno de EPN (2013-2018), director del Centro de Investigación y Docencia Económicas entre 2004 y 2012, miembro del SNI nivel III e integrante del FCCyT, quien autorizó el ejercicio de 100 mdp para una investigación sobre los efectos de plagas agrícolas que involucró a varios institutos científicos, incluyendo al CIDE y al Cinvestav. Entre la suma de irregularidades de este caso se incluye la falta de evidencias de la entrega en almacenes de bienes por 17 millones 119 mil pesos, por parte del Inecol.
Otro caso que amerita mención es el del despido injustificado de 50 trabajadores al servicio de la Academia Mexicana de las Ciencias, en mayo de 2020, en plena emergencia sanitaria, mismo que ha cobrado mayor notoriedad luego del apoyo manifestado al FCCyT por la AMC. Según Basty Acosta, representante de los trabajadores despedidos, la AMC —actual propietaria del Partenón, la infame mansión de Arturo “el negro” Durazo, jefe del Departamento de Policía y Tránsito del otrora Distrito Federal durante el gobierno de José López Portillo— adeuda hasta el presente la liquidación que les corresponde por ley a los trabajadores despedidos, argumentando una falta de recursos para omitir su responsabilidad. No obstante, según una solicitud de información al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la AMC recibió con normalidad los recursos provenientes del Conacyt correspondientes al ejercicio de 2020.
Lejos de tratarse de una cacería de brujas, como aseguran simplistamente los defensores de los 31 investigadores del FCCyT, se trata de un problema estructural en la relación entre la investigación científica y el Estado burgués y de la trayectoria reciente de la política pública en materia de ciencia y tecnología; a contracorriente de la cual trata de orientarse el gobierno de AMLO, mas, sin la intención de transformar esencialmente la base social de dicha relación. El Conacyt fue creado en 1970 por el Congreso de la Unión como un organismo desconcentrado —con autonomía técnica, operativa y administrativa— que asesorara al gobierno en materia científica y, en gran medida, la distribución de los recursos públicos que le son asignados fueron desde su mismo origen un medio para premiar la lealtad de la comunidad académica al régimen autoritario del PRI. Sin embargo, con la creciente inclinación de los recientes gobiernos neoliberales por transferir los recursos y el poder público al sector privado, la relación de la capa más privilegiada de la investigación científica con la institución se tornó de una relación de subordinación a una de usufructo y simbiosis con la clase dominante, proliferando a su alrededor verdaderos organismos parasitarios, como el FCCyT.
La evidencia más concreta de esta comunión de intereses inconfesables ha sido la clase de decisiones políticas que han contado con el aval de esta camarilla que usurpa el nombre de la comunidad científica mexicana. Como lo señala la Organización Familia Pasta de Conchos, luego de la explosión acaecida el 19 de febrero de 2006 en la mina de Pasta de Conchos, Coahuila, propiedad del Grupo México del magnate Germán Larrea, el Secretario del Trabajo del gobierno calderonista, Javier Lozano Alarcón, se valió de un informe del FCCyT para evitar el rescate de los mineros atrapados o de sus restos, manipulando el mismo informe e incluso echando mano de firmas falsificadas. Y si bien dicho informe no condenaba explícitamente el proyecto de rescate, los investigadores a cargo del mismo validaron por omisión la acción de encubrimiento del gobierno federal en favor de la minera al no desmentir públicamente los dichos del secretario. El FCCyT ha tenido ciertamente una actitud mercenaria en otras oportunidades, como ocurrió con la introducción de los cultivos transgénicos de la transnacional Monsanto, por parte del gobierno de EPN y con la propia aprobación de la reforma energética peñista, que también convalidó.
La acusación de la FGR, contra 31 de los investigadores que integran esta notoria asociación civil, y aun la actitud del propio presidente en torno al caso, no apuntan al desmantelamiento de los privilegios de las altas esferas de la investigación científica, sino acaso a la moderación de los mismos. Motivo bastante para que las cabezas visibles de esta red de influencias, como el rector de la UNAM hagan todo cuanto está en sus manos para disciplinar también a las capas inferiores de la comunidad científica en defensa de un sistema que los explota y les reparte apenas algunas migajas del gran banquete que se sirven los burócratas de alto rango. La disputa por los recursos bajo control del Conacyt no es menor, pues éste administra hoy en día 26 centros de investigación, otorga 85 mil becas de posgrado y regula la actividad de 30 mil investigadores del SNI.
La orden de aprehensión de la FGR contra estos 31 investigadores verdaderamente ha conmocionado a una burocracia dorada que se escuda tras un aura espuria de respetabilidad científica, como si la ciencia se desenvolviera exenta de toda influencia social y ajena en particular de la dinámica social propia del sistema capitalista. La noble empresa del conocimiento cede su lugar a una vulgar empresa mercantil que exige como valor primordial a los científicos el de la rentabilidad económica y ya no más el del servicio a la sociedad. Estos investigadores no se identifican verdaderamente con los científicos que aspiran con honradez a contar con las condiciones dignas y suficientes de su ejercicio profesional, sino que al amparo de las posiciones que ocuparon en las administraciones anteriores del Conacyt construyeron un esquema ilegítimo de enriquecimiento particular. Entre ellos se cuenta un director general, 13 directores, 7 directores adjuntos, dos coordinadores generales, dos jefes de unidad, un oficial mayor, un representante legal y una secretaria técnica.
No obstante, y a pesar del revuelo generado por esta acción de la FGR, el desenlace de la misma sigue siendo tan incierto como cualquier otro de los casos de corrupción en las distintas áreas del gobierno mexicano investigados actualmente por la fiscalía a cargo de Gertz Manero, caracterizada lastimosamente por su parsimonia. No es ocioso señalar que la propia aceptación del fiscal como miembro del SNI nivel III fue objeto de no poca polémica, habida cuenta de que prácticamente el grueso de su trabajo académico en el campo del derecho consta de colaboraciones con otros investigadores y que su escaso trabajo en solitario está señalado bajo sospechas de plagio. En última instancia, ni siquiera el castigo por la eventual responsabilidad criminal de los 31 investigadores del FCCyT puede garantizar que casos similares no vuelvan a aparecer, mientras permanezca intacta la estructura social que propicia su existencia.
Los detractores del actual gobierno han pretendido desestimar la relevancia de este caso al contrastar la acusación de delincuencia organizada en contra de los 31 investigadores del FCCyT con la violencia causada por el narcotráfico. Sin embargo, a pesar de no compartir la naturaleza descarnada de la actividad antisocial de estos últimos, la hipocresía de los criminales de cuello blanco, que se mantienen integrados en la misma sociedad que traicionan y laceran, no es menos condenable, por cuanto sostiene un modo de vida opulento en medio de una realidad social aterida de necesidades. En tal sentido, la idolatría por los caciques de la producción científica y cultural no se aleja un ápice de la idolatría por los líderes criminales, salvo porque aquélla es tenida por algo propio de las masas sin educación, mientras que ésta es legitimada por la ideología burguesa.
Rendida a las leyes del mercado, incluso la producción científica se vuelve en contra de la misma sociedad, dejando de contribuir con su bienestar para convertirse en un medio más para su explotación. El propio desarrollo de la ciencia se ve truncado por los propósitos banales a los que sirve en la etapa decadente del sistema de producción capitalista en crisis. Si bien en los albores de la sociedad de mercado la ciencia disfrutó de un impulso inconmensurable en términos de su desarrollo histórico, con el que no existía punto de comparación en el pasado, en la actualidad, el sistema social en el que vivimos, en el que valor supremo es el valor de cambio, supone por sí mismo un lastre para la producción de conocimientos. Mas, la ciencia no podrá renovarse sin renovar al conjunto de la sociedad, democratizando las instituciones de investigación académica para dirigirlas de nuevo al servicio de la humanidad, en el marco de una economía socialista planificada en los mismos términos racionales y absolutamente distinta de la sinrazón del presente.