El 26 de septiembre de 2014 tuvo lugar uno de los peores acontecimientos del siglo en México, un hecho que evidenció la aún vigente incompetencia y podredumbre del gobierno mexicano, estoy hablando del ya bien conocido caso Ayotzinapa. Este mes se cumplen siete años de búsqueda de justicia, siete años de dolor y frustración que inundan a la clase obrera, el mandato de Peña Nieto formó parte de esa línea de gobiernos hipócritas y descarados que se han enriquecido a costa de la vida del pueblo, se destaparon los lazos que mantiene el crimen organizado con los altos mandos del gobierno y cómo el brindar justicia y revelar sus acciones corruptas resulta más difícil que arrebatar las vidas de 43 hijos, hermanos y amigos del proletariado. Nuestra realidad se ha ido complicando y el sistema, lejos de impulsarnos para llegar a la verdad, nos retrasa, pone trabas y nos castiga por aproximarnos a ella.
La contradictoria “verdad histórica”
La versión oficial que el gobierno nos presentó fue la siguiente:
El grupo de normalistas llegó a Iguala, con el fin de botear para sacar recursos y así viajar a la Ciudad de México a la marcha del 2 de octubre. Tomaron autobuses con el fin de regresar a la normal de Ayotzinapa, sin embargo, antes de dejar la ciudad fueron atacados por policías y hombres armados, quienes dispararon a los estudiantes. En el transcurso de la noche tuvieron lugar tres agresiones donde murieron cinco estudiantes y cuatro personas más. Esa misma noche, 43 normalistas fueron secuestrados, según esta versión, por la banda de narcotráfico conocida como Guerreros Unidos quien supuestamente confundió a los jóvenes con sicarios de una banda rival, Los Rojos, por lo que los asesinaron y quemaron sus cuerpos en el basurero municipal de Cocula, los restos fueron arrojados en bolsas al Río San Juan.
“Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia”
Dijo Murillo Karam al presentar esta historia como oficial.
Durante siglos, la sociedad de clases nos ha dictado lo que debemos creer y en esta búsqueda de formar una realidad se han generado imposiciones que encubren hechos crueles, el caso Ayotzinapa fue cerrado muy pronto, sin embargo, las investigaciones GEI llevaron a datos inconvenientes para el gobierno, en primer lugar, los celulares de los normalistas, (que seguían funcionando) apuntaron al Centro de Investigación y de Seguridad Nacional (Cisen) y al Campo Militar No. 1, de igual manera, sabemos que tanto el ejército como la policía estatal y municipal, estaban al tanto de la situación que ocurría esa noche en Iguala, Guerrero. Éstos dos hechos nos hacen preguntarnos ¿Cómo puede brindarnos justicia el estado cuando estuvo directamente involucrado con las desapariciones?
Se sabe que la fecha y el lugar que la PGR señaló como el momento de la defunción de los 43 normalistas no es exacta, puesto que se descubrió que los estudiantes seguían utilizando sus celulares tiempo después de su supuesto “deceso”. Durante el sexenio de Peña Nieto se sostuvo una versión que resultó no tener ni pies ni cabeza, sin embargo al cambiar de gobierno, AMLO hizo el compromiso de dar con el real paradero de los 43 normalistas y fue en Diciembre de 2018 cuando se creó la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, de igual forma, el gobierno aceptó la reinstalación del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), este grupo ha sacado conclusiones que quiebran la máscara conocida como verdad histórica, detrás de la cual encontramos que el ejército (específicamente el batallón 27 de infantería de Iguala) tuvo implicaciones muy fuertes en la desaparición de los normalistas. Las recientes investigaciones apuntan a que la realidad de esta historia es que los normalistas, sin saberlo, abordaron un camión cargado con drogas, sin embargo, la repentina intervención de la policía nos indica que es el mismo Estado quien crea y controla las redes criminales, por lo que no puede estar exento de culpabilidad, puesto que el Estado es el origen de la represión y las injusticias.
En el año de 2020, la FGR solicitó la aprehensión de 46 exfuncionarios de Guerrero, a quienes se les acusa de desaparición forzada y delincuencia organizada.
“Es necesario dejar muy claro que estos delitos no habían sido investigados ni judicializados en las diligencias que en su momento realizó la PGR” dijo el fiscal Gertz Manero, confirmando así la incompetencia del gobierno de Peña Nieto y su afán por mantener al pueblo engañado.
Por otra parte, resulta importante mencionar que, aunque el caso Ayotzinapa tuvo lugar en el estado de Guerrero, la indignación no se contuvo ahí, estudiantes de todo el país y personas de diversas naciones mostraron su solidaridad y se organizaron para protestar en contra de este cruel suceso.
Hablemos del caso de los alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Las autoridades de la UAEH son parte del Estado represor, por lo que, en lugar de impulsar la conducta inconforme y revolucionaria del alumnado, optó por intentar frenarlos, tanto el Comité Universitario, encabezado en ese entonces por Jorge Olvera Mayorga, y el Consejo Estudiantil, evitaron a toda costa sumarse a las manifestaciones organizadas por los estudiantes, por lo que estos últimos, formaron la Coordinadora Estudiantil Universitaria. No obstante, las autoridades de la UAEH se encargaron de crear roses entre los alumnos, e incluso hubo un confrontamiento físico entre profesores y estudiantes. A pesar de todas las trabas y problemas que hubo para organizar la manifestación, ésta se llevó a cabo con el apoyo y solidaridad de cientos de alumnos de las distintas facultades y preparatorias que conforman a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Este suceso es una muestra de que a pesar del ambiente represivo y controlador de las autoridades y los consejos estudiantiles de la UAEH, existe un gran potencial organizativo y revolucionario en la comunidad estudiantil, no debemos olvidarnos de esto y es nuestro deber seguir adelante, impulsando la organización permanente de los estudiantes.
Durante los últimos años, se han dado grandes avances en las investigaciones, no obstante, esto no se lo debemos al gobierno actual, sino a las cientos de movilizaciones que el proletariado ha hecho, los avances se los debemos a todas las horas que miles de estudiantes, obreros, campesinos y trabajadores han invertido al comprometerse e ir a cada marcha, al asistir a cada mitin y al mandar cada palabra de aliento para las familias de los normalistas, las progresivas respuestas que hemos obtenido no son gracias al cambio de gobierno, pues a pesar de reanudar el proceso sigue protegiendo intereses, sino al no conformarnos con las cientos de “verdades históricas” que nos han dicho para callarnos y aplacarnos, hoy más que nunca tenemos claro que la organización del proletariado es la clave para lograr el avance de la sociedad. Seguimos exigiendo justicia, Ayotzinapa fue un crimen de Estado el mismo que hoy boicotea la investigación y pone trabas. Hacer justicia para los 43 implica enfrentarse a las mafias criminales que operan fuera y dentro del actual Estado para así construir uno diferente, uno que pertenezca a los trabajadores, que se ponga al servicio de los proletariado.
