Virtualización educativa y precarización laboral de los docentes

El confinamiento voluntario propiciado por la pandemia del COVID-19 no sólo puso en evidencia la precarización laboral en la que se encontraba inmerso el magisterio de todo el país, sino que peor aún la agudizó más. Las acciones que se pusieron en práctica de formas apresurada e improvisada por parte de las autoridades educativas pudieran justificarse debido a que el fenómeno citado era inesperado y había que actuar para salvar el ciclo escolar.

En este contexto, es necesario hacer un recuento de algunos de sus acontecimientos para situar los efectos negativos que tuvo no sólo en el magisterio nacional en particular sino en el proceso educativo en general.

Ya desde el inicio de la contingencia, muchos de los sujetos implicados manifestaron sus inconformidades e incomodidades que les resultaba el enseñar a distancia o aprender de forma autónoma (ver por ejemplo: Educación en línea, llena de obstáculos).

No obstante ante el panorama descrito, las notas periodísticas ponían en duda los alcances de la educación en línea debido a la contingencia sanitaria y las declaraciones que se escuchaban de parte del Secretario de Educación Pública era que los alumnos debían acreditar en función de que hasta ese momento ya se tenía un 73% de avance del ciclo escolar (SEP defiende la educación en línea).

Derivado de lo anterior, a fines del mes de mayo, en el Twitter se podían leer mensajes de profesores hasta con 35 años de servicio que expresaban su malestar porque les habían pedido que acreditaran a la comunidad estudiantil con calificación mínima de ocho, lo cual nunca habían hecho y, por lo tanto, se ponía en duda su ética profesional. Hubo académicos de reconocimiento quienes estaba de acuerdo, pero también hubo quienes estaban en desacuerdo.

Las reacciones de algunos columnistas no se hicieron esperar y empezaron a escribir artículos periodísticos en los que ponían en duda el logro de los aprendizajes, por ejemplo, Fernando Ruiz en representación de Mexicanos Primero, titulaba su artículo mediante el planteamiento de una pregunta: ¿Evaluación de aprendizajes o calificación? Al inicio de este artículo se aludía a un estado de regresión cuando inicio el confinamiento y con ello ponía en duda el aprendizaje a distancia.

Por casualidad o causalidad ante estos y otros acontecimientos que se suscitaban en las redes sociales, hacia el 5 de junio de 2020, se publica el acuerdo número 12/06/20 mediante el cual se establecieron diversas disposiciones para evaluar el ciclo escolar 2019-2020 en los niveles de Educación Básica (preescolar, primaria y secundaria), Normal y Medio Superior. En este acuerdo también se comprometía la impartición de un curso remedial para el mes de agosto y aun así, se había comunicado su éxito según encuesta de SEP.

Las encuestas de parte de investigadores educativos no se hicieron esperar, querían conocer las experiencias de los docentes, así como sus estrategias de enseñanza y de evaluación durante la contingencia sanitaria. Las autoridades educativas hicieron lo propio, enfocándose principalmente, en explorar las habilidades socioemocionales de los docentes y en menor medida, sus experiencias de enseñanza.

Una de encuesta muy amplia fue aplicad por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (CNMCE), entre el 10 y el 30 de junio del año en curso y en la cual se tenía como objetivo documentar las experiencias educativas obtenidas por docentes, directores, estudiantes y sus familias durante la pandemia. También conocer los esfuerzos y las estrategias utilizadas en los hogares para continuar con el aprendizaje.

En este último caso, se pedía un correo electrónico para ponerse en contacto con el (la) docente que quisiera participar en un estudio más profundo que permita tomar decisiones para el desarrollo del próximo ciclo escolar en el que todo parece apuntar se llevará a cabo en línea, por lo menos de aquí a enero de 2021.

En lo particular, proporcione a la CNMCE una dirección de correo electrónico personal y hasta el momento no han tenido para conmigo la comunicación comprometida. La participación es importante porque permitirá que se puedan tomar en cuenta las propuestas del magisterio para que el proceso de enseñanza se lleve a cabo en forma digna y no se vuelva a exigir calificaciones aprobatorias para fingir el gran éxito.

En todo caso, lo que se debe formalizar es la oficialización de que toda (o) estudiante va a acreditar las asignaturas mientras dure la contingencia sanitaria y que la actividad docente se enfocará en apoyar el proceso de aprendizaje sin condición alguna. Al final, se podría utilizar como experiencia para valorar si esta medida se queda instrumentada de forma definitiva o se regresa a la evaluación para la acreditación.

En este sentido, es menester que se den garantías a los estudiantes para que puedan continuar con sus estudios en esta modalidad que de forma emergente se ha instrumentado no sólo a nivel nacional sino también a nivel mundial. En la medida en que las autoridades le den formalidad al proceso educativo en general, el nivel de compromiso de la comunidad estudiantil podrá ser menor o mayor.

Con base en lo anterior, por lo menos, se requiere la suspensión de las “cuotas voluntarias” para el ciclo escolar 2020-2021, pues ese dinero les permitirá a las familias pagar la conectividad para que sus hijos puedan cumplir con las actividades que se les soliciten. Mejor aún será que se puedan dar mayor número de becas para estudiantes y así, podrán utilizar ese dinero en cuestiones de acceso a las plataformas digitales.

Aunque para ser más claro, lo que se requiere es que el gobierno pueda dar todos los apoyos para que estudiantes y docentes puedan desempeñarse de manera satisfactoria; por ejemplo, se requieren reglas claras desde antes de iniciar el ciclo escolar 2020-2021, así como condiciones mínimas que puedan asegurar el derecho a la educación de la comunidad estudiantil de todos los niveles educativos.

Por otro lado, de manera reciente, el magisterio del subsistema educativo estatal dependiente del Gobierno del Estado de México (GEM), utilizó nuevamente las redes sociales para manifestar su inconformidad debido a que, hasta antes del 15 de julio del año en curso, no habían recibido el incremento salarial del presente.

Los reclamos no sólo los han hecho hacía el GEM sino también hacia la dirigencia del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), este reclamo tuvo eco y posterior, al 15 de julio del mismo año, se anunciaba el convenio salarial 2020. Este acontecimiento, se ha presentado en los últimos seis años y anteriormente, se recibía un ligero incremento mayor respecto al magisterio a nivel federal.

Cabe señalar que antes de iniciada la falsa Reforma Educativa del expresidente Enrique Peña Nieto, el magisterio mexiquense recibía su incremento salarial a más tardar en la primera quincena de marzo de cada año y entre otros beneficios, el derecho a solicitar mayor número de días económicos que en otros estados de la República Mexicana o en caso de que no solicitarlos, recibir el pago de hasta diecisiete días al año.

El aumento salarial a nivel federal fue de 3.4% y 2.8% a colaterales; mientras que, a nivel estatal, el GEM ha ofrecido el mismo 3.4% al sueldo base y sólo 1.8% de colaterales. Este ofrecimiento que se hizo público por el actual Secretario General del Comité Ejecutivo del SMSEM, el pasado lunes 13 de julio del año en curso, es una muestra clara que ya no habría mayores prerrogativas para el magisterio mexiquense.

La diferencia de las colaterales permitirá mantener los beneficios de las prestaciones que solo son percibidas por el magisterio del Estado de México, pero que buscarán el equilibrio respecto a las percepciones que se reciben a nivel federal. En la tabla siguiente se muestra un comparativo entre algunas de las prestaciones que recibe el magisterio a nivel federal respecto a las del subsistema educativo estatal del GEM.

Así mismo, otra situación que agudiza más la precarización laboral docente es el hecho de que en este año, se ha incrementado el número de maestros que se encuentran obligados a presentar la declaración anual, debido a que desde el año 2006 no se ha actualizado la cantidad requerida para ser sujeto de esta obligación. De manera específica, en el artículo 150 de la Ley del Impuesto sobre la Renta se establece lo siguiente:

Artículo 150. Las personas físicas que obtengan ingresos en un año de calendario, a excepción de los exentos y de aquéllos por los que se haya pagado impuesto definitivo, están obligadas a pagar su impuesto anual mediante declaración que presentarán en el mes de abril del año siguiente, ante las oficinas autorizadas.

Podrán optar por no presentar la declaración a que se refiere el párrafo anterior, las personas físicas que únicamente obtengan ingresos acumulables en el ejercicio por los conceptos señalados en los Capítulos I y VI de este Título, cuya suma no exceda de $400,000.00, siempre que los ingresos por concepto de intereses reales no excedan de $100,000.00 y sobre dichos ingresos se haya aplicado la retención a que se refiere el primer párrafo del artículo 135 de esta Ley.

En la declaración a que se refiere el primer párrafo de este artículo, los contribuyentes que en el ejercicio que se declara hayan obtenido ingresos totales, incluyendo aquéllos por los que no se esté obligado al pago de este impuesto y por los que se pagó el impuesto definitivo, superiores a $500,000.00 deberán declarar la totalidad de sus ingresos, incluidos aquéllos por los que no se esté obligado al pago de este impuesto en los términos de las fracciones XVII, XIX, inciso a) y XXII del artículo 93 de esta Ley y por los que se haya pagado impuesto definitivo en los términos del artículo 138 de la misma.

Los contribuyentes que obtengan ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, estarán a lo dispuesto en el artículo 98 de esta Ley. (DOF, 2019; p. 176).

Es urgente que las comisiones legislativas de las cámaras de Diputados y de Senadores o incluso el propio presidente de la República hagan lo que por ley les corresponde, para que se actualice la cantidad mínima que se solicita porque de lo contrario, el siguiente año se incrementará todavía más el número de profesores que estarán obligados a presentar la declaración anual y con ello pagar una cantidad adicional del ISR.

Obviamente, no es lo mismo ganar $400,000 en 2006 que, en 2020. En la tabla siguiente se muestra la evolución del incremento al salario mínimo desde 2006; como se puede apreciar, se ha incrementado en poco más del 250% en los últimos quince años. Se toma como referencia el salario mínimo porque el aumento al salario de los maestros a nivel nacional es equiparable al 3.4% que se ha otorgado para este año.

En suma, la precarización laboral sigue afectando al magisterio nacional, por lo que, el compromiso del actual gobierno federal de revalorizarlo se promete difícil, más aún por la crisis actual. Es menester, por ejemplo, mantener la lucha en contra de la hegemonía de las políticas educativas procedentes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

Las políticas educativas neoliberales llevadas a cabo por gobiernos PANISTAS y PRIISTAS siguen vigentes, por lo que es inadmisible que se promueva una supuesta Nueva Escuela Mexicana sabiendo que los programas de estudio para la Educación Básica, Media Superior y Normal siguen siendo los que heredaron estos grupos políticos conservadores. Difícilmente, se logrará la transformación social si la prioridad en las aulas es formar estudiantes con base en teorías del capital humano y de las competencias.