El pasado 6 de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó por unanimidad la despenalización del aborto a nivel federal, esto significa que todas las instituciones de salud federales, IMSS, ISSSTE y Pemex, deberán proporcionar este servicio de forma gratuita.
Sin lugar a duda, este es un gran avance del movimiento amplio de mujeres para poder decidir sobre nuestro cuerpo, sin embargo, esta sólo es una batalla ganada pues la realidad se sobre pone por encima de la legalidad y el camino aún es largo para garantizar el acceso pleno de las mujeres a este derecho de forma segura y gratuita.
¿Cómo se consiguió la despenalización a nivel federal?
El 7 de septiembre de 2021, se sentó el precedente legal por la declaración unánime de la SCJN de inconstitucionalidad del delito de aborto en el estado de Coahuila, esto abrió la puerta para presentar una serie de amparos que concluirían con la anulación del efecto del Código Penal Federal que criminaliza el aborto, debido a que la criminalización atenta contra los derechos reproductivos de las mujeres y personas con capacidad para gestar. Esto quiere decir que ninguna mujer, persona gestante o personal de salud podrá ser proscrito por practicar la interrupción voluntaria del embarazo.
Esta acción legal conlleva que el delito de aborto será eliminado del Código Penal Federal, así las instituciones de salud pública federal ya no podrán negarse a otorgar el servicio so pretexto de tratarse de un delito federal.
A pesar de la eliminación del aborto como delito a nivel federal, aún falta que se modifiquen las legislaciones estatales de 20 entidades federativas. Esto significa que la lucha legal y política debe continuar hasta que todos los códigos penales estatales se homogenicen con el código penal federal. Sin duda, la brecha legal está abierta y las condiciones son favorables, legalmente, para que esto se consiga, incluso en los estados más conservadores y reaccionarios, porque mientras no se modifiquen las legislaturas locales, se puede seguir juzgando el delito de aborto, aunque los jueces estén obligados a acatar lo dictado por la SCJN.
Esta labor jurídica ya está siendo preparada por la organización Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y otras organizaciones de mujeres en diferentes estados, pero sin lugar a dudas, ha sido la lucha organizada en las calles donde las mujeres hemos conseguido este avance legal, nuestra lucha está rindiendo sus frutos, pero no se debe bajar la guardia pues vivimos dentro de un sistema donde impera la desigualdad social y la explotación sin límites, si no seguimos en lucha permanente lo que hemos conseguido hoy en el papel, no se va a materializar en un acceso real a nuestro derecho a decidir para todas las mujeres que pertenecemos a la clase obrera y campesina.
¿Por qué no es un triunfo total?
Desde el marxismo, entendemos que el Estado es un grupo de personas armadas al servicio de la propiedad privada, en este sentido reconocemos que todas las instituciones del Estado burgués existen para garantizar la defensa de los intereses de los dueños del capital. Así es como las constituciones, sus leyes, sus códigos penales, etc., pueden modificarse o ejecutarse con parcialidad con tal de no atentar contra los intereses económicos de la clase al poder. Para nadie es una sorpresa que la ley aplica diferente para ricos y pobres, no es tampoco una novedad que lo declarado en el papel, en la vía de los hechos, no se realice, como la igualdad legal entre hombres y mujeres cuando la realidad impone una brecha salarial entre hombres y mujeres por el ejercicio del mismo trabajo.
Otra de las atenuantes para no confiar en la legalidad burguesa, es que nos encontramos bajo la crisis económica más profunda de la historia del capitalismo, donde las contrarreformas y ataques a los derechos y calidad de vida de nuestra clase son el pan de cada día. Ejemplo de lo que mencionamos es en el corazón de la bestia, en el país de la “democracia y las libertades”, los Estados Unidos de Norteamérica. El 22 de enero de 1973 la suprema corte de EUA aprobó el fallo Roe v. Wade con el que se otorgaba el derecho al aborto a las mujeres en Estados Unidos, sin embargo, el 24 de junio de 2022, nueve jueces de esta corte decidieron restringir el derecho democrático de millones de mujeres estadounidenses a decidir sobre su cuerpo. Esto no se trató tan solo de la imposición de los prejuicios conservadores de un puñado de jueces, sino que se trata de una clara política de recortes y austeridad hacia el sector salud de ese país, que no ha podido recuperarse desde la crisis económica del 2008. Así de fácil es como se modifican las leyes en beneficio de una minoría, en detrimento de los derechos y conquistas del pasado de la mayoría.
Esta situación también la podemos ver en nuestro país, incluso en el gobierno de la 4T, pues aunque tiene tintes progresistas no rompe con la dinámica de superexplotación del capital. Esto se expresa en el recorte al presupuesto otorgado al programa de Salud Materna, Sexual y Reproductiva, que está orientado para financiar la salud sexual y reproductiva de las mujeres que no cuentan con seguridad social, tomando en cuenta que existen en México 13 millones de mujeres, el 56%, trabajando en el sector informal de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2022, más de la mitad de la población de mujeres económicamente activas. En 2019 se designaron 3,123 millones de pesos para la salud sexual y reproductiva de este sector de mujeres, mientras que para el 2023 se asignaron 2,240 mdp, una reducción del 28% y con tendencia a la baja. Esta cantidad representa tan sólo el 0.02% del Presupuesto de Egresos de la Federación[1], es una ínfima parte del presupuesto la que se dedica a atender la salud sexual y reproductiva de las mujeres en México.
En este punto es donde la realidad se impone a la legalidad, porque el hecho de que el aborto no sea considerado un delito, no significa que las mujeres tendremos el libre acceso a nuestro derecho conseguido en el papel si no contamos con acceso a la salud pública y si las instituciones de salud no tienen el presupuesto suficiente para proporcionar el servicio. Aquí es donde las contradicciones del sistema se hacen más evidentes, pues el capital no invierte donde no hay ganancias, por lo tanto la salud pública no es de su interés, al contrario es un lastre del que desearían deshacerse mediante la privatización para poder lucrar a sus anchas con la salud de la clase obrera.
Por eso es que nuestra lucha debe continuar, porque ningún derecho está plenamente garantizado dentro del sistema capitalista. Necesitamos avanzar hacia la construcción de una nueva sociedad en donde los presupuestos se asignen de acuerdo a las necesidades de la mayoría y no en función del lucro de una minoría parasitaria, donde todos los recursos que generamos la clase trabajadora sean utilizados para garantizar el pleno cumplimiento de los derechos democráticos de hombres y mujeres.
La lucha de las mujeres en México y el mundo esta avanzando, pero solo podremos dar pasos firmes hacia nuestra emancipación por la vía revolucionaria, derrocando a este sistema que se alimenta de la explotación y marginación de las mujeres y hombres de la clase obrera. La lucha de clases es la vía hacia la emancipación.
¡Por el derecho a decidir se lucha contra el Capital!
[1] Información obtenida con base en la Cuenta Pública del 2019-2022 y PEF 2023.