Escrito por Liliana
Hace algunas semanas el tratado entre el gobierno y la FARC fue rechazado por los colombianos, logrando un obstáculo aún mayor para finalizar el conflicto que los aqueja desde hace décadas.
Lo más desconcertante de aquella consulta no han sido los pocos miles de votos que derrotaron a quienes estaban a favor, sino el casi 63% de electores que se abstuvieron de ir a votar. El voto negativo y la abstención no implican un rechazo a la paz; manifiestan un escepticismo profundo frente a la naturaleza del acuerdo firmado en el que, con razón o sin ella, una gran mayoría de colombianos ve a las FARC como la gran triunfadora de la negociación y beneficiaria de concesiones que le parecen desmedidas e injustas.
Es necesario comprender que dentro de este proceso de elección existieron diversos factores que pudieron influir en la participación de las masas. Uno de los factores más fuertes, se podría suponer que se debe a que la popularidad de las FARC, que en algunos momentos del medio siglo transcurrido llegó a ser alta, ha caído en picada y que una clara mayoría del pueblo colombiano no cree ya en lo que hacen ni en lo que dicen.
Otro factor de abstencionismo fue el impacto del huracán Matthew que afectó a las zonas de la costa del Caribe el día de la consulta. Si bien en estas áreas ganó el Sí en el referéndum, la participación fue menor a la esperada.
De igual manera, en aquellas zonas que se encuentran próximas a Venezuela, donde hay una profunda crisis económica y graves problemas de escasez, probablemente jugó un papel clave teniendo en cuenta el alarmismo de Uribe sobre una dictadura “Castro-Chavista”.
Además de los factores ya mencionados, hay que recordar que la economía colombiana ha sido duramente golpeada por la caída del precio de las materias primas, con un precio del petróleo en Colombia que ha colapsado en más del 50 por ciento en los últimos dos años. En este contexto, la idea de pagar impuestos para orientarlos a la desmovilización de las FARC no era una propuesta atractiva para amplias capas de la pequeña burguesía.
No podemos omitir de ninguna manera que en las zonas donde se ha sufrido la mayor parte de la violencia durante el conflicto, fueron las que salieron a votar a favor del Sí
Independientemente de los factores ya mencionados, la principal razón por la que perdió el SÍ se debe a que no fue capaz de entusiasmar a la gente a votar por él.
Dice la honorable Corte Suprema de Justicia, en su segunda sentencia contra el ensangrentado comandante paramilitar Salvatore Mancuso, que los ciudadanos que fueron cómplices de la debacle deben ser juzgados por la justicia ordinaria pues esa suma de masacres no fue una política de Estado, sino el oficio de unos cuantos. ¿Podrían ser este tipo de discursos y posibles acciones la vía para que Las FARC acepten condiciones más duras?
El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, ha aprovechado la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebró en Cartagena desde el viernes 28 de octubre para realizar su primera visita de Estado a Colombia y contribuir con un millón de dólares al proceso de paz con la guerrilla de las FARC. “México forma parte de la misión especial de la ONU y de la iniciativa para el desminado en el país”, ha recordado el mandatario colombiano Juan Manuel Santos tras anunciar la ayuda.
Ambos países han firmado ocho convenios bilaterales de cooperación. “Hemos acordado establecer menores costos de trámites y servicios en comercio exterior, además de mejoras regulatorias y de programas de línea de crédito”, ha declarado el mandatario mexicano. Además, de pactar otros siete acuerdos relativos a la protección al consumidor, la política de tierras, la cultura física y el deporte y sobre el patrimonio cultural para proteger y restaurar piezas de ambos países.
Ahora bien, el 2018 podría ser la oportunidad para lograr un acuerdo que beneficie a ambas partes, pues, la ONU intervendrá en el conflicto con la misión de verificar el cese al fuego bilateral y definitivo entre el Gobierno de Colombia y las FARC se desplego en territorio colombiano el 7 de noviembre, en previsión del nuevo acuerdo que prevén alcanzar ambas partes en las próximas semanas, según ha anunciado este viernes el general Javier Pérez Aquino, jefe de los Observadores Internacionales. Unos 150 funcionarios de Naciones Unidas, que ya se encuentran en el país, garantizarán que se cumpla el final de las hostilidades pactado el pasado 23 de junio por ambas partes en La Habana y prorrogado por el presidente Juan Manuel Santos hasta el 31 de diciembre, tras el rechazo a los acuerdos en el plebiscito del 2 de octubre.
«Para enero esperamos tener unos 400 observadores internacionales en Colombia y así finalizar la fase logística», ha dicho Pérez Aquino. La misión no ha detallado por el momento en cuántas fases se irán incorporando los nuevos funcionarios. El objetivo es que haya presencia internacional en Bogotá, las ocho sedes regionales y las otras 27 locales. Para principios de año, los responsables del mecanismo de verificación esperan que haya un nuevo acuerdo y así poner en marcha la segunda fase: el establecimiento de los lugares de concentración definitivos donde las FARC tendrán que entregar el armamento que poseen.
Lo que importa en este momento es cómo se llega al 2018 y obviamente el resultado del nuevo acuerdo de paz. Eso implica negociar, hacer y conseguir concesiones del adversario, algo perfectamente realista, a condición de que no confundan el triunfo del No con unas FARC derrotadas a las que se puede humillar e imponer toda clase de exigencias.
Existe el peligro de que la transformación del movimiento conduzca a la formación de un partido político en el que sus líderes defiendan políticas reformistas débiles.
El fin de la lucha armada en Colombia, bajo ningún motivo será el final de la lucha de clases, sino todo lo contrario.
