De manera oportunista el candidato del partido llamado Movimiento Ciudadano (MC), Álvarez Maynez, y hasta el coordinador del PRI en la cámara de diputados, el corruptazo Humberto Moreira, se han montado en la propuesta de modificación constitucional de la jornada semanal de 40 horas, como parte de la campaña presidencial y aprovechando la torpeza y burocratismo de la dirigencia de Morena, que dejó dicha iniciativa en el congelador.
En realidad la propuesta provino originalmente de la abogada y activista sindical Susana Prieto, dirigente del movimiento sindical en Matamoros y la frontera norte que marcó el inició del sexenio de López Obrador. Dicha iniciativa puede verse como un subproducto de ese movimiento sindical en el que el gobierno reformista jugó de árbitro, sin ponerse de lado de los trabajadores, e incluso personajes como Ricardo Monreal actuaron, de la manera traidora que caracteriza a este personaje, para desactivar ese movimiento.
Por supuesto que la derecha se manifestó inicialmente en contra. La candidata del PRIANPRD rechazó dicha iniciativa –incluso en el 2º debate presidencial condicionó su apoyo a que le quiten carga fiscal a los empresarios– y magnates como Carlos Slim la descartaron afirmando que es preferible trabajar más horas y ganar más que trabajar 40 horas y ganar menos.
Sin embargo, el reformismo de izquierdas lleva en sus postulados de conciliación de clases el germen de la traición. En lugar de apoyar sin reservas dicha iniciativa la coordinación parlamentaria abrió mesas donde, por supuesto, se coló el sector empresarial y sus representantes directos del PAN e incluso se aprobó una comisión que recogiera fundamentalmente las observaciones de las representaciones patronales. Con ello la propuesta comenzó a diluirse en la maraña parlamentaria con la “gradualidad” y “escalonamiento” que propusieron los empresarios para convertirla en letra muerta.
Por si fuera poco, por cálculos estrechamente parlamentarios el propio presidente AMLO llamó a la bancada de Morena y sus aliados a posponer la aprobación de dicha iniciativa, presumiblemente para concentrarse en la aprobación del paquete de reformas entre las que se encuentra la modificación al régimen de pensiones. Seguramente la intención fue la de no “recargar” demasiado la mano al sector empresarial, en un gesto típicamente bonapartista y de árbitro entre las clases sociales como es habitual en AMLO.
Con el virtual bloqueo de la burocracia de Morena, Susana Prieto –que hasta entonces formaba parte de la bancada de Morena– renunció a la misma con lágrimas en los ojos y llamó a los trabajadores a movilizarse para “sensibilizar” a los legisladores para que se aprobara dicha reforma. Susana Prieto también señaló entre los motivos de su renuncia la postulación de personajes recién venidos del PAN como Javier Corral. La infiltración de Morena de personajes de derecha –ya hasta Eruviel Ávila es “compañero de izquierda”–. El repudio natural de activistas del movimiento es un indicador del grado de degeneración acelerada de Morena y su burocracia. La torpeza y estupidez burocrática de Morena, por supuesto, está siendo aprovechada por personajes tan corruptos como Moreira que llaman de manera demagógica a la mayoría de Morena para aprobar la iniciativa de ley.
Hay que señalar, sin embargo, que la reducción de la jornada laboral, como bandera histórica del movimiento obrero, se impuso sólo como un producto y subproducto de las movilizaciones, organización de los trabajadores y de las revoluciones sociales. Tan sólo hay que recordar la lucha de los Flores Magón, históricas huelgas como las de Cananea y la huelga general de 1916 que dio impulso a la constitución de 1917. A nivel mundial la jornada de 8 horas es una conquista del movimiento obrero, no del cretinismo parlamentario o de la sola voluntad de los legisladores o gobiernos reformistas. La única manera de llevar a buen puerto dicha iniciativa es la organización independiente y combativa de la clase obrera, que rompa con las limitaciones del reformismo que sólo intenta administrar el sistema capitalista de forma diferente.
Incluso si logra aprobarse dicha reforma la clase dominante tendrá mil y un medios para recargar el costo de dicha reducción sobre la espalda de los trabajadores. Ya lo dijo Slim de forma implícita: si se aprueba será a costa de una reducción salarial. Los empresarios podrían recurrir al recorte de personal, a la sobrecarga de trabajo u otros medios para evadirla o escamotearla.
Bajo el capitalismo las reformas a favor de los trabajadores son precarias o sencillamente una tomada de pelo. La escala móvil de salarios, aumentos salariales dignos para toda la clase obrera –no sólo para los 6 millones que ganan el salario mínimo–, vacaciones y pensiones dignas –entre muchas otras demandas– sólo pueden asegurarse dentro de una economía planificada, es decir, derrocando al capitalismo e imponiendo –mediante el control democrático de los trabajadores y el pueblo– el socialismo.
