Estado Español: Se acentúan las tendencias autoritarias del régimen monárquico

Hay que defender los derechos democráticos

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Escrito por: David Rey, Lucha de Clases – Estado Español

La clase dominante y su aparato de Estado están decididos a hacer cualquier cosa para dar un escarmiento al independentismo catalán e impedir la investidura de Puigdemont como President de la Generalitat. Para ello, están pisoteando sus propias leyes en una deriva autoritaria que también apunta contra los movimientos de lucha y resistencia de la clase obrera que se dibujan en el horizonte. Si la excusa para violentar su propia legalidad burguesa es la “situación excepcional” catalana, ¿cuánto más no van a justificar mañana acciones similares y más graves cuando tengan lugar, a su entender, “situaciones excepcionales” en el resto del Estado?

Denunciar y luchar hoy contra la ofensiva neofranquista de la clase dominante y de su aparato de Estado dirigida al independentismo catalán es un deber inexcusable de la izquierda y sus activistas de todo el Estado, porque todo lo que fortalezca ahora al aparato represivo de la clase dominante y eleve su autoridad moral ante el conjunto de la población, será utilizado para tratar de aplastar nuestra lucha contra la explotación capitalista.

¿Qué hay en juego en la investidura de Puigdemont?

Lo característico del conflicto catalán es que la clase dominante, los grandes empresarios y banqueros, han puesto en movimiento a todas sus piezas al mismo tiempo, sin dejar a nadie en la reserva: monarquía, gobierno, políticos, periodistas, jueces y fuerzas represivas. Así, los políticos y periodistas del régimen nos dicen que Puigdemont no puede ser investido porque está acusado de delitos graves y permanece huido. “Porque – razonan– ¿cómo puede ser President una persona huida?”. Pero estos son juicios morales, no razonamientos legales. Puigdemont, aun huido y reclamado por la justicia, estaba habilitado para presentarse como diputado al Parlament y fue elegido como tal en las elecciones. Como diputado electo puede ser elegido por el Parlament para presidir la Generalitat. La ilegalidad en este caso se deslizaría hacia las acciones del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que están realizando interpretaciones arbitrarias de la ley, improvisando normas y autos, y violando los derechos del Parlament y de los electores catalanes para impedir por cualquier medio la investidura de Pugdemont.

¿Por qué la clase dominante necesita impedir a cualquier costo la investidura de Puigdemont, sea cual sea su destino ulterior, ya permanezca en Bélgica o vaya a prisión? Porque después de 4 meses de represión desenfrenada, su investidura como President sería una humillación para ella; que se extendería a su monarca, a su aparato de Estado, a su prensa, a su gobierno y a sus partidos títeres. Baste pensar en la imagen de Felipe VI estampando su firma al pie del decreto que le obliga la ley para sancionar a Puigdemont como President de la Generalitat, para que la cabeza se les llene a todos ellos de pesadillas. En el otro lado, este resultado daría un impulso formidable al movimiento de masas en Catalunya por la república catalana y a la lucha de cientos de miles de trabajadores y jóvenes, dentro y fuera de Catalunya, que ven la República catalana como parte de una lucha contra el régimen del 78 y contra el sistema.

Debe tenerse en cuenta que no es tanto la fuerza represiva como la fuerza y autoridad moral del Estado de donde dimana el fetichismo servil que le manifiesta en tiempos normales la mayoría de la población, inclusive dentro de la clase trabajadora. Es este fetichismo el que impulsa el respeto reverencial hacia la ley por parte de la mayoría, incluidas las leyes injustas, y que tiene su complemento en el desprecio y el doble rasero que hacia esas mismas leyes guardan los ricachones y poderosos para incumplirlas, violarlas o cambiarlas a su antojo para mejor servir a sus intereses. Una humillación clara en Catalunya debilitaría y destruiría el fetichismo de la imbatibilidad del Estado y de que hay que permanecer arrodillado ante el mismo, disipando el miedo y abriendo las compuertas para que la clase trabajadora y otros sectores explotados hagan valer sus intereses por el camino de la lucha. Debilitaría, sobre todo, la autoridad moral de la Corona y reforzaría el sentimiento republicano en la clase trabajadora, dentro y fuera de Catalunya.

Por supuesto, no falta la opinión de los “prácticos” en la izquierda española y catalana que dicen ¿pero cómo es posible dirigir la Generalitat desde Bélgica? No entienden que se trata de una batalla política de primer orden contra el régimen, su autoritarismo y arrogancia, y la posibilidad real de debilitarlo y de preparar el camino para su derrota, y no de un asunto “práctico” sobre la “gobernabilidad” de Catalunya.

Las acciones del Tribunal Supremo y del Constitucional: la farsa de la legalidad burguesa

Examinemos el cúmulo de irregularidades y arbitrariedades legales practicadas por los poderes del Estado contra los dirigentes independentistas para comprender mejor la situación.

Juristas y jueces de cierto prestigio entre capas relevantes de la población, como Javier Pérez Royo o Baltasar Garzón, han tenido la valentía de expresar públicamente lo que venimos defendiendo muchos desde la izquierda, que la prisión provisional de Junqueras y demás presos políticos catalanes, así como la que amenaza a Puigdemont, no se sostiene jurídicamente porque no cometieron sedición ni rebelión. El propio código penal español en este punto, trasplantado literalmente del franquismo, dice que los casos de sedición y rebelión deben ir acompañados de violencia (con portación de armas, se entiende). Más allá de que esto, efectivamente, no se ha producido, si algo ha caracterizado a los dirigentes independentistas actuales ha sido su rechazo a subvertir el orden establecido, de ahí que la proclamación de la república catalana fuera sólo un gesto que no vino acompañado de medidas efectivas para tratar de hacer realidad dicha proclamación, ni tampoco fue recogida en ningún boletín oficial de la Generalitat, al tratarse de una mera declaración del Parlament, hasta el punto que ni siquiera retiraron la bandera española del edificio de la Generalitat.

Si el juez Pablo Llarena, encargado de la causa en el Tribunal Supremo, se creyera realmente sus propios autos ¿por qué retiró la Euro Orden de busca y captura contra Puigdemont y los otros 4 consejeros exiliados en Bélgica, ante delitos tan graves? Claramente, el Estado español no quería hacer el ridículo fuera de sus fronteras con un rechazo general a dicha orden y que eso impactara en la opinión pública española y adquiriera una amplitud de masas la percepción de la motivación política que hay detrás de la prisión de Junqueras y los demás. Como mucho, Puigdemont y sus consejeros podrían ser acusados de desobediencia, desacato y prevaricación, acusaciones que, legalmente, no justifican prisión provisional.

Lo que hay es una motivación política, no penal. Tienen prisioneros a Junqueras y a los demás como rehenes políticos. El juez Llarena actúa, simplemente, por indicación de la clase dominante y del gobierno del PP. El régimen español se sintió humillado con la celebración del referéndum del 1-O, con el desprecio de la mayoría de la población catalana hacia los miles de efectivos policiales desplazados, por las 40.000 personas que el 20 de septiembre rodearon durante 16 horas un edificio de la Generalitat e impidieron salir a los guardias civiles que fueron a requisar documentación, y sobre todo por el ninguneo del gobierno y del parlamento catalán a las decisiones antidemocráticas del Tribunal Constitucional. Es una cuestión de prestigio, y están dispuestos a todo para vengarse y dejar claro quién manda aquí. El juicio, por alguna razón inexplicable, se ha anunciado para dentro de 9 meses, y están dispuestos a mantener en prisión a Junqueras y a los demás hasta esa fecha y durante todo el juicio, para dar una lección y para chantajear al movimiento independentista con un ejemplo de represión prolongada.

En esta parte entra la última maniobra del gobierno y del Tribunal Constitucional, auspiciada por las prisas del PP de tratar de tapar las últimas revelaciones del caso Gürtel que confirman la financiación ilegal del PP valenciano con dinero negro de empresarios a costa de contratos públicos, con pleno conocimiento del PP nacional. Por eso, el movimiento tomó desprevenido inicialmente a un sector del aparato del Estado, como el Consejo de Estado.

Esta maniobra fue la petición del gobierno al Tribunal Constitucional de prohibir el pleno de investidura del Parlament previsto para el martes 30 de enero, donde Puigdemont iba a ser investido President por vía telemática desde Bélgica, como había aprobado la Mesa del Parlament. Esta petición fue escandalosa porque se proponía prohibir un acto institucional para impedir un hecho que todavía no se había producido. Que este recurso del PP carecía de la más mínima base jurídica lo demostró el rechazo del Consejo de Estado al mismo, que se negó a apoyarlo y a caer en el descrédito por los intereses de aparato del PP. Más aún, hasta ahora, todas las resoluciones (antidemocráticas) del TC sobre el conflicto catalán se habían producido, como es procedente, después de producirse los hechos presuntamente ilegales, no antes.

Ahora bien, ¿realmente era ilegal la participación de Puigdemont en su investidura por vía telemática? Se dice que esto no está contemplado en el reglamento del Parlament, pero tampoco está contemplado expresamente que el candidato tenga que estar presencialmente en la cámara. En estos casos, la Mesa de cualquier parlamento democrático tiene potestad para decidir cómo proceder, y entra dentro de sus competencias. Al prohibir esto, el Tribunal Constitucional ha cometido tres ilegalidades. Por un lado, ha violado la ley al inmiscuirse en las competencias de un parlamento elegido por la población, que no es el caso de este alto tribunal. Por otro lado, de manera escandalosa, el TC no se ha pronunciado sobre el requerimiento presentado por el PP, como estaba obligado, sino que ha aplazado 10 días su decisión. En tercer lugar, el TC se permitió aprobar una medida cautelar – que nadie le había solicitado- por la que sienta norma jurídica sin tener competencias para ello y sin aprobarse en el Parlament, como es obligar a la presencia física de Puigdemont en la sesión de investidura. Por si esto fuera poco escandaloso, se conoció que durante las horas de su deliberación los miembros del TC estuvieron en conversaciones y diálogo constante con el gobierno para alcanzar un acuerdo sobre la resolución final a adoptar, una violación flagrante de la pretendida e hipócrita “división de poderes” de la democracia burguesa. Esto simplemente confirma que el llamado poder judicial, en particular los altos tribunales, es una mera correa de transmisión de los intereses de la clase dominante y de sus gobiernos. Este sólo hecho bastaría para declarar nula la medida cautelar del TC y proceder a la destitución de todos sus miembros.

La maniobra tramposa del TC queda ahora completamente desenmascarada si la complementamos con las acciones del Juez Llarena del Tribunal Supremo. La decisión del TC deja claro que Puigdemont sólo puede ser investido si se presenta en el Parlament, pero con una condición previa: que el juez Llarena le autorice a acudir al Parlament. Se entiende por tanto que, aunque Puigdemont se entregue, nada garantiza que el juez Llarena le otorgue el permiso de comparecer para la investidura. Puigdemont se escuda en esto como una de las razones para no presentarse ante el juez ¿y quién puede reprochárselo? Ya en el caso de Junqueras y de Jordi Sánchez, este juez reaccionario ha justificado su negativa a permitirles asistir a la sesión de investidura del Parlament, con la peregrina excusa de que “por la situación excepcional” su presencia en dicho acto puede provocar tumultos y protestas populares violentas, un argumento que se ha sacado de la chistera y que también carece de base jurídica alguna. ¡Pero qué importa! “¡La situación es excepcional!” para los intereses de la clase dominante. Sólo gente cándida o cretinos constitucionalistas del estilo de Pérez Royo y de Baltasar Garzón pueden afirmar “sí o sí” que el juez no puede negarle a Puigdemont participar en su investidura.

La estrategia de la clase dominante está clara. No pudieron derrotar al independentismo en las urnas el 21D y de lo que se trata es de alcanzar un acuerdo con el sector moderado (que, increíblemente, ahora lidera ERC) para que retornen a la senda del autonomismo, pero antes el Estado español debe ser resarcido moralmente con una derrota y una humillación implacable del independentismo con un castigo ejemplar de sus dirigentes, con las cabezas de Puigdemont, Junqueras y los Jordis por delante y entre rejas, y la desactivación del movimiento independentista.

El nuevo papel otorgado al Rey – el peligro reaccionario de la monarquía

Uno de los principales desarrollos habidos en el conflicto catalán ha sido la emergencia del rey Felipe VI como la cabeza del régimen del 78 y primer espada en el combate al independentismo catalán. La prensa del régimen, especialmente El País, nos viene inundando estos días con una cascada de noticias, notas y reportajes, cada uno más servil que el anterior, para convencernos de las virtudes casi divinas del monarca y de su familia. La clase dominante trata así de elevar su autoridad política y moral para situarlo en el Monte Olimpo, cual Zeus dominador, que igual lanza rayos de furia contra quienes amenazan la estabilidad general, como se muestra afable y paternal con sus mortales súbditos. La clase dominante le tiene reservado a Felipe un gran papel, como arma de emergencia, para nuclear en torno a sí a todas las fuerzas de la reacción en momentos de grave crisis social y política, desde las capas más atrasadas y reaccionarias de la sociedad hasta los resortes últimos del aparato del Estado, incluidas las fuerzas represivas.

Felipe, atendiendo los ruegos de los grandes empresarios y banqueros españoles y catalanes, ante el desconcierto en que estaban sumidos el gobierno y la dirección del PSOE, fue instruido para que diera la voz de orden en la noche del 3 de octubre para iniciar el movimiento hacia la reacción que culminó en el 155 y en la disolución del Govern y del Parlament. Un precedente muy peligroso para la clase obrera de todo el Estado, porque el mismo papel está destinado a jugar Felipe cuando se produzca una revuelta general contra el sistema capitalista, y las luchas obreras y juveniles atenacen al régimen.

Carente de dirigentes de talla y altura en el PP, C’s y PSOE, y ante el descrédito general de todas las instituciones, la burguesía española necesita fabricarse un “súper-hombre” que pueda tener un espacio político y público propio, con una base social de simpatía lo más extensa posible en la pequeña burguesía y en las capas populares más atrasadas e inertes de la sociedad, además del aparato del Estado, para poder actuar en momentos decisivos por encima de las instituciones representativas del régimen: el parlamento, autonomías, ayuntamientos, etc. cuando la situación lo requiera, como sucedió el 3 de octubre.

Como parte de esta puesta de largo en su nueva etapa, hace una semana Felipe VI se permitió participar en la Cumbre capitalista de Davos (Suiza) para exhibirse en un escaparate mundial, hablando de la democracia y la Constitución en un inglés casi perfecto, en un evento al que no fue invitado ningún miembro del gobierno español.

El peligro del avance de las tendencias bonapartistas y autoritarias del régimen español encarnado ahora alrededor de la figura del Rey se ha visto, casi de manera anecdótica, en una sentencia reciente de la Audiencia Nacional, contra una persona que publicó unos tuits inocentes con insultos dirigidos al rey y a su familia, y por los que ha sido condenada a una fuerte multa. La sentencia dice:

“La institución de la Corona representa la Monarquía parlamentaria y constitucional y su agravio y menosprecio puede resultar atentatorio no ya a los valores constitucionales que aquella representa sino a un bien jurídico aun superior, cual es la paz social, que no puede ser sobrepasado por la libertad de expresión”.

Es decir, para este tribunal la monarquía está por encima de la misma Constitución y de los derechos fundamentales que supuestamente recoge, al identificar la monarquía con una “paz social” (un “bien jurídico aun superior” a la propia Constitución, según la Audiencia Nacional) cuyo contenido queda a la libre interpretación de estas ilustres señorías y del rey mismo. Puestos así ¿qué tal un golpe de Estado “legal” encabezado por el rey que suprima la Constitución cuando él mismo considere que está amenazada la “paz social” a su libre entender; es decir, al libre entender del régimen del 78?

Todo esto no es una muestra de la fortaleza del régimen, sino de su crisis y su extraordinaria debilidad. Al situar la clase dominante a Felipe en un pedestal visible como cabeza de la reacción y del régimen capitalista español, su regia figura se convertirá en el punto focal donde convergerá toda la rabia, indignación, malestar y frustración de capas cada vez más amplias de la clase trabajadora, de la juventud y también de la clase media empobrecida, conforme la crisis del capitalismo español se profundice y agudice.

La clase dominante eligió el conflicto catalán como punto de arranque de este nuevo papel del rey, al ofrecer un flanco fácil para la demagogia chovinista española y antiseparatista que podía encontrar rápidamente un apoyo de masas en la sociedad española. Lo ha conseguido, pero de manera superficial y limitada. Si el conflicto catalán, como es seguro, se enquista y prolonga, y da pie como es inevitable a un repunte del movimiento de masas en la calle a favor de la república catalana; la impotencia del régimen para propiciarle una derrota definitiva se convertirá en la propia impotencia del monarca para ofrecer una salida. Lo dijimos en octubre y lo repetimos ahora, con su discurso del 3 de octubre Felipe VI unió su destino personal y el de la monarquía española al destino del conflicto en Catalunya.

Denunciar la farsa del Estado de Derecho – Democracia y capitalismo son incompatibles

Los acontecimientos de Catalunya están sirviendo para dar a conocer a millones de personas comunes y corrientes los mecanismos íntimos de funcionamiento del Estado, una vez desgarrado el velo de su supuesta imparcialidad en los conflictos políticos y sociales. Está desvelando ante millones la conexión íntima que existe entre los grandes empresarios y banqueros, sus políticos de turno y el aparato del Estado. Los dirigentes Unidos Podemos, en vez de lloriquear por los rincones en relación al conflicto catalán, deberían estar organizando una poderosa campaña en todo el Estado, no para reforzar la confianza en que es posible limpiar “las instituciones” sino para desacreditar las mismas, para llamar a desconfiar de ellas, para mostrar su carácter de clase y su contenido profundamente antidemocrático, herederas directas de la dictadura franquista, e inculcar en las masas trabajadoras la necesidad de confiar en sus propias fuerzas, conciencia y organización para transformar la sociedad.

Los dirigentes de Unidos Podemos deben abandonar ya su posición irresponsable de decir que el conflicto territorial de Catalunya no va con ellos y su actitud pusilánime ante los ataques a los derechos democráticos que hemos denunciado. Si son consecuentes con sus declaraciones rimbombantes contra el régimen del 78, la monarquía y la mafia judicial y policial, deben aprovechar ahora el momento. No hacerlo sólo ayudará a fortalecer el régimen del 78, a su monarca, a su sistema judicial, y a sus partidos. La mejor manera de impedir que los vapores tóxicos del hipócrita institucionalismo constitucionalista envenenen la conciencia de millones de oprimidos y explotados es la agitación y movilización en la calle. Hay que pasar de las palabras, a los hechos.

No es cierto que la reacción sea fuerte y nosotros débiles. Se palpa un ambiente de furia debajo de la superficie. Sobre todo, el capitalismo español no puede proporcionar una base material sólida y estable al chovinismo españolista que ha desplegado en los últimos meses. Ha habido protestas importantes de los jubilados, y los trabajadores de la sanidad están retomando la lucha. Un estudio reciente del Consejo de la Juventud de España ha desvelado que 8 de cada 10 jóvenes menores de 30 años viven con sus padres, por la imposibilidad de pagar los altos alquileres y por los bajos salarios. Otros estudios muestran que los salarios de los nuevos contratos son un 30%-40% inferiores a los que se firmaban hace una década. Pese a las alabanzas al crecimiento económico español, no se restituirán los gastos sociales ajustados, la precariedad del empleo se extiende día a día, y millones de parados siguen ociosos, la mayoría sin ingresos.

Está preparándose un cambio en la situación que hará que todo se transforme en su contrario. Más que nunca, la defensa de los derechos democráticos y contra la deriva autoritaria del régimen español es la bandera que puede guiar a millones de oprimidos a una lucha decisiva contra el mismo, en Catalunya y en todo el Estado. Nuestra labor debe ser resaltar el vínculo que existe entre esta deriva autoritaria con el sistema capitalista mismo, haciendo ver que la lucha consecuente por las libertades democráticas es una lucha por el socialismo


Última hora

A los pocos minutos de subir este artículo a nuestra página web se ha filtrado la noticia de que el Tribunal Supremo prepara una resolución para inhabilitar como cargos públicos y, por tanto, como diputados a Puigdemont, Junqueras y demás dirigentes del Procés, en un nuevo retorcimiento de la legalidad, basándose en un apartado de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permite inhabilitar a acusados por terrorismo, banda criminal y rebelión.solamente por el hecho de estar procesados o encarcelados, aunque no haya condena firme. Así tratan de evitar, no ya que Puigdemont pueda ser investido President, sino que tampoco puedan serlo los demás líderes conocidos, como Oriol Junqueras o Jordi Sánchez. Qué importa la presunción de inocencia y que la acusación por rebelión no se sostenga, ya están condenados antes del inicio del juicio. La deriva autoritaria y represiva del Régimen capitalista español de 1978 se afirma y profundiza.

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