España: la exhumación de Franco y el carácter franquista del Estado y sus instituciones

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Por: Rodrigo Sedano

El pasado día 4 de junio, atendiendo al recurso planteado por la familia del dictador, los magistrados del Tribunal Supremo decidieron parar la exhumación de Franco del Valle de los Caídos para evitar, según sus propias palabras, «el perjuicio que se causaría a los recurrentes y, especialmente, a los intereses públicos encarnados en el Estado”. Este hecho representa toda una declaración de principios de un órgano judicial que muestra sin ningún tipo de pudor el carácter franquista y de clase que recorre las instituciones del Estado.

Todo ello no hace más que incidir en la anomalía de la democracia burguesa española, que tras 40 años de dictadura fascista ve como un posible perjuicio al Estado lo que en cualquier otra democracia europea de nuestro entorno, aunque igualmente burguesa, sería visto como un hecho de enaltecimiento del fascismo. ¿Cómo es posible que aún hoy en día se pueda ver como un perjuicio el hecho de que un dictador genocida sea desenterrado de un mausoleo construido con el trabajo esclavo de sus víctimas y mantenido con dinero público?

La clave nos la dan los propios magistrados en el que ha sido el más polémico de los párrafos incluidos en el auto, el cual afirma:

“El hecho de que (Franco) fuera Jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936 hasta su fallecimiento el 20 de noviembre de 1975 atribuye a toda la controversia unos rasgos especiales que no se pueden ignorar.”

La indignación al leer este párrafo puede llevar a pensar que los magistrados son unos ilustres ignorantes, pero, a decir verdad, no hacen más que demostrar que pertenecen a un estamento y una clase social que no ha olvidado, ni olvidará, todo lo que le debe al dictador y a su familia. No hace falta retrotraerse mucho en el tiempo para darse cuenta de que bajo este sistema político el mantra de una “justicia independiente” no puede ser más que una falacia. Cuando en noviembre del pasado año llegó la fecha de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de los miembros del Tribunal Supremo, enseguida saltó la polémica por el acuerdo que PSOE y PP pretendían llevar a cabo. Tras años de expolio y humillación de la clase trabajadora por parte del Estado y sus representantes políticos, la opinión pública no permitió que la farsa saliera adelante, más aún cuando se filtraron informaciones en que miembros del PP se congratulaban de que con la propuesta inicial para presidir el CGPJ, la del ultrarreaccionario juez Marchena que estaba (y está) al frente de la Sala de lo Penal del TS, eso les permitiría seguir controlando “la Sala Segunda desde detrás”.

Todo este tipo de relaciones entre los órganos de justicia y los partidos políticos no hacen más que demostrar el verdadero carácter de clase de un estado burgués y heredero del franquismo que no tiene ningún interés en que los órganos judiciales sean independientes del poder legislativo. Pero a poco que se tire de la manta, es fácil demostrar que la mayoría de los jueces y fiscales proceden de clases altas o de la burguesía y pequeña burguesía adinerada, llenando de este modo las instituciones de prejuicios de clase que, esta vez sí, suponen un verdadero perjuicio a las clases más desfavorecidas de este país.

Volviendo al mencionado párrafo del auto del Tribunal Supremo, hay un hecho que no podemos dejar pasar por alto. Para afirmar que el dictador Franco era jefe del Estado el 1 de octubre de 1936, hay que tomar como referencia el decreto número 138 de la Junta de Defensa Nacional en Burgos que el día 30 de septiembre de aquel año nombraba “Jefe del Gobierno del Estado Español al Excelentísimo Sr. General de División don Francisco Franco Bahamonde, quién asumirá todos los poderes del nuevo Estado.” Es en este punto en donde la intención del auto del Tribunal Supremo se vuelve mezquina, pues el hecho de que Franco asumiera “todos los poderes del nuevo Estado” da por hecho que hay un viejo poder estatal que ha sido o está intentando ser derrocado. Ese Estado, como todos sabemos, existía bajo la legalidad republicana de 1931 y estaba dirigido en aquel momento por Manuel Azaña, elegido democráticamente el 11 de mayo de 1936. Lo que vino después fue un golpe de Estado fascista que culminó con la victoria final del bando sublevado en la fatídica fecha del 1 de abril de 1939. Durante el tiempo que duró la guerra hubo dos Estado en lucha por la hegemonía total – si excluimos los organismos de poder obrero establecidos por las masas revolucionarias en Catalunya, Aragón y en menor medida otras partes de la España republicana -, pero sólo uno de ellos había sido previa y legítimamente elegido en las urnas por el pueblo. El otro sólo emanaba del poder del sable con el que los fascistas pretendían defender sus privilegios frente a las clases trabajadoras y desposeídas españolas que cada vez ejercían más fuerza sobre un gobierno republicano que, pese a su carácter de izquierdas, no tenía en mente la ruptura con el carácter burgués de la república, dejando así de lado, entre otras, una de las necesidades más imperiosas de las masas del país en aquel momento: la reforma agraria.

Si el Tribunal Supremo admite que Franco era Jefe del Estado en octubre de 1936, está admitiendo sin ningún tipo de pudor, que el actual Estado español es la natural transición democrática de un régimen dictatorial fascista que ya no podía dilatar su andadura como régimen militar. Necesitaba una pátina democrática para homologarse a los nuevos tiempos, pero con este auto queda demostrado que la España de hoy es directamente antagonista de la España republicana que fue derrocada en 1939.

Un programa de transición de medidas democráticas y progresistas

Ante todo esto, y con la evidencia de que bajo las circunstancias actuales una reforma del Estado y de sus órganos parece mera utopía, nosotros nos preguntamos ¿qué sentido tiene el empeño de Unidos Podemos por coaligarse a toda costa con un PSOE que ha demostrado ya en demasiadas ocasiones que cuando toca elegir entre ruptura o mantenimiento del actual Estado siempre se queda con la segunda opción? El oportunismo de los dirigentes de UP y la deriva derechista de su escisión a Más Madrid con Íñigo Errejón a la cabeza están terminando de dejar de lado lo poco que quedaba de aquel primer Podemos que pedía abiertamente un nuevo proceso constituyente y la independencia del poder judicial.

Ante esta deriva derechista y oportunista una de nuestras principales propuestas es la elección por sufragio universal de los jueces y fiscales, desde las instancias territoriales más pequeñas hasta los jueces del Tribunal Supremo y Constitucional. Además, deberían ser revocables en cualquier momento por quienes los eligieron. Esta medida permitiría a la clase trabajadora y sectores progresistas de la sociedad favorecer la elección de jueces y fiscales más progresistas y sensibles a los intereses de los trabajadores y de las capas más oprimidas de la sociedad, y proponer la revocación de los más reaccionarios y derechistas.

Esto debe completarse con ¡ningún privilegio! para jueces y fiscales. Como funcionarios públicos, deben tener los mismos derechos y obligaciones que cualquier funcionario medio, con salarios ajustados al nivel correspondiente.

Así mismo habría que generalizar el sistema del Jurado, como una manera de equilibrar el carácter estamental y de clase de los jueces con la participación, aunque sea limitada, de la gente común para decidir sobre la culpabilidad o no de un supuesto delito.

Hay que introducir igualmente medidas democratizadoras que limpien en la medida de lo posible el aparato del estado. La principal debe ser la depuración del aparato del Estado de fascistas y reaccionarios, comenzando por aquellos jueces, fiscales, mandos de la policía y de la Guardia Civil que ocuparon puestos en la dictadura. Debería crearse un comité formado por las organizaciones de izquierda, sindicatos, organizaciones de derechos humanos, organizaciones progresistas y democráticas de jueces, fiscales, militares, soldados, policías y guardias civiles de base, entre otras, que identifiquen a esos elementos fascistas y reaccionarios para que sean apartados del aparato del estado. Este mismo comité debería encargarse del control de las academias de la policía, de la Guardia Civil y del Ejército y de los idearios con que se forma a sus integrantes. En este sentido, hay que dar plena libertad a los soldados y guardias civiles para que organicen sindicatos, y terminar con el carácter militar de la Guardia Civil para, en determinada etapa, fusionarla con la policía en un único cuerpo.

La sociedad socialista y el aparato judicial

Somos conscientes del carácter limitado y condicional de estas medidas, expuestas a la correlación de fuerzas entre las clases, pero serían un paso adelante. En última instancia, sólo en una nueva sociedad nacida de la propiedad colectiva de los medios de producción claves (la banca, las grandes empresas y los latifundios), bajo el control democrático de los trabajadores, podríamos darnos el equivalente a un nuevo aparato judicial verdaderamente democrático, sin conexión alguna con clases opresoras, en el que participen, no estamentos privilegiados y separados del pueblo como la casta de jueces y fiscales actual, sino el conjunto de la población adulta, por medio de comités elegibles y revocables, que velen por el interés común.

En una sociedad liberada de las lacras del capitalismo, del afán de lucro, donde la explotación y la corrupción serían un mal recuerdo del pasado –una sociedad socialista– la inmensa mayoría de los delitos actuales tenderían a desaparecer y a extinguirse rápidamente, poniendo las bases para que la propia existencia de organismos represores y del Estado mismo sean innecesarios en la sociedad, y la población se habitúe, por la costumbre, a normas de convivencia sociales solidarias y fraternales que hagan innecesario ningún tipo de violencia, coerción ni represión.

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