El negocio privado de la dirigencia del SME y el choque con el gobierno

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Por: David García Colín Carrillo

A raíz de las declaraciones de Manuel Bartlett Díaz, Director General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a finales de marzo, se ha abierto una confrontación entre la dirección del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y el gobierno de AMLO, frente al cual los trabajadores que luchan por recuperar al SME como un sindicato democrático deben mantener una postura independiente tanto de la burocracia corrupta que encabeza Martín Esparza como del propio gobierno de AMLO. Bartlett afirmó que el gobierno no pretende comprar energía eléctrica sino producirla y sostuvo que el SME ya no es un sindicato sino una empresa privada.

Para entender el conflicto y posicionarse de manera correcta hay que entender que lo que la dirección del SME exige al gobierno de AMLO no es la reinstalación de los despedidos a través de la Comisión Federal de Electricidad, nada de eso. Lo que exige es que la CFE le compre energía eléctrica a Generadora Fénix en alianza con la trasnacional portuguesa Mota Engil (que tiene mayoría accionaria), estableciendo contratos por 25 años. A su vez, que le permita a la empresa «Suministradora Básica del Centro» (Subace) vender fluido eléctrico para uso doméstico.

La dirección del SME ha utilizado como instrumento de presión a la «Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica» (ANUEE) para que la CFE asuma la deuda de los usuarios afiliados -de allí la consigna de «borrón y cuenta nueva»- y convertirlos en clientes «limpios» para Subace. Es decir, se busca que el gobierno asuma la deuda en beneficio de una empresa privada que le hará competencia a la CFE. Como muchos usuarios se dieron cuenta de que estaban siendo usados como ariete de intereses privados, la ANUEE se dividió y existe ya una asamblea de usuarios independiente de la dirigencia del SME, la Coordinadora Nacional de Usuarios en Resistencia (CONUR).

En el fondo, lo que la burocracia del SME está exigiendo son contratos millonarios para Fénix y Mota Engil en la línea de la privatización de la energía eléctrica, es decir, del huachicoleo eléctrico. Cooperativa LyFC es una «cooperativa» sólo en el papel pues está subordinada a través de Generadora Fénix, por su minoría accionaria, a una de las trasnacionales favoritas de Peña Nieto.

Obviamente una empresa estatal como CFE, misma que será refinanciada e impulsada, tendría mejores condiciones que una empresa como Subace para dar empleo digno a los despedidos del SME, pero a los dirigentes del SME no les interesa la reinstalación, sino los negocios. La idea de que puede haber una «tarifa social» en la empresa privada es una estupidez o mejor dicho un slogan publicitario. No es casualidad que Esparza cobre como miembro del consejo de administración de Generadora Fénix (subordinada a Mota Engil), que el Contrato Colectivo de protección que firmaron con el gobierno de Peña Nieto sólo ampare a unos 500 trabajadores que metieron a la nómina de Mota Engil, que los pocos trabajos para la base que existen son precarios y que la dirigencia haya construido una «corte» de incondicionales a través de liquidaciones preferenciales para sus allegados, negocios privados con los bienes colectivos del SME, mensualidades (tipo chófer de pipa) a cargaportafolios sin principios (en lo sindical también existe la «prostitución»), e incluso el pago a golpeadores y gánsters. La verdad, por dura que sea, es que con Esparza y su grupo empresarial no hay ninguna alternativa para la base del SME que no se ha dejado corromper, ni ha vendido su alma.

Pero la ruta de Peña Nieto, en la que está montada la actual dirección del SME, no es necesariamente la ruta del nuevo gobierno, al menos no en el sector energético. Bartlett afirmó: “No queremos comprar electricidad, queremos generar electricidad. Es una aberración que te obliguen a comprar electricidad a tus competidores”, lo cual, evidentemente, choca con los intereses tanto de Mota Engil como con la dirigencia del SME metida en los negocios de la industria privatizada, una verdadera aberración. Las declaraciones del gobierno son un varapalo a los acuerdos con el gobierno de Peña Nieto y para los jugosos negocios planificados por los intereses privados, en este punto la dirección del SME se sitúa a la derecha del gobierno. Bartlett añadió que la administración anterior realizó los movimientos de entrega de predios, por lo que se investigará cómo se realizaron esas donaciones. Si realmente se quiere investigar cómo se hicieron esas donaciones el gobierno tendría que dar a conocer los acuerdos clasificados, desconocidos para la base del SME, entre el gobierno de Peña Nieto y la dirigencia del SME, esta posibilidad seguramente no deja dormir tranquilo al Comité Central. Mientras no se corrija el rumbo el SME no saldrá de sus crisis, convulsiones y divisiones intestinas, misma que se ha exacerbado conforme los pactos con Peña Nieto se vienen abajo.

Pero Bartlett también sostuvo que «El SME es una empresa privada, y dejó de ser un sindicato”. Esta afirmación ha sido utilizada por la burocracia del SME para acusar al gobierno de meterse en la vida interna del sindicato pero se guarda un silencio muy conveniente sobre su alianza con los intereses trasnacionales y los acuerdos clasificados e inconfesables que implican [grupoingenieros.blogspot.com/2019/03/exigimos-respeto-nuestra-autonomia.html].

Sin duda la declaración de Bartlett fue equivocada y torpe pues no establece una diferencia entre la burocracia y sus intereses y los trabajadores despedidos, así como tampoco considera a las disidencias que luchan por terminar con los compromisos privatizadores y rescatar la democracia interna del sindicato.

Ante el choque entre el gobierno y los intereses privados de la dirección del SME, los trabajadores deben enarbolar una bandera independiente frente a ambos bandos. No hay que dejar de reconocer que existen simpatías y esperanzas para con el nuevo gobierno de parte de millones de personas -incluidos trabajadores despedidos de Luz y Fuerza- y que la dirigencia del SME está cada vez más desgastada y deslegitimada y ya sólo mantiene una fachada externa de izquierda, sobre todo en materia de solidaridad con movimientos fuera del SME: “Candil de la calle oscuridad de su casa”. Pero los funcionarios del gobierno AMLO no van a ser quienes rescaten al SME, un gobierno reformista no es capaz de separar correctamente “la paja del oro” y cualquier intromisión del gobierno en la vida interna de los sindicatos debe ser rechazada firmemente pues a la larga sólo llevaría a otra variante de charrismo. Es claro que el SME está vivo por sus bases y por las corrientes que no han olvidado la historia centenaria de lucha democrática por los derechos laborales y por la industria nacional.

Sólo con un SME renovado, con una dirigencia democrática, que rompa con los intereses empresariales, se podrá exigir al gobierno -a través de la movilización independiente- no sólo que se recontrate a los despedidos, al menos, a través de la CFE, sino que se pondrán las bases para que el movimiento obrero recupere la bandera de la renacionalización de los energéticos, bandera que se tendría que impulsar más allá de las intenciones tímidas y limitadas del nuevo gobierno. Se acercan las elecciones de la dirigencia sindical. Las bases deben organizarse, imponerse y recuperar lo que les pertenece, para reencaminar la ruta.

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